MÉXICO, D.F. (apro).- México firmó este miércoles en Japón el ACTA (Acuerdo Comercial contra la Falsificación) para combatir de manera más eficiente la falsificación y piratería en materia de marcas, invenciones, obras intelectuales y artísticas.
El acuerdo, del cual Japón es el país depositario, establece un marco internacional con el objetivo de frenar al comercio ilegal de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales.
Al igual que la Ley SOPA, ACTA pretende combatir la piratería y proteger los derechos de autor a escala internacional.
ACTA ha enfrentado el rechazo en las redes sociales, levantando una ola de críticas.
A pesar de que el Senado de la República había exhortado a la Presidencia a no firmar el ACTA, por los efectos nocivos que tendría sobre los derechos civiles y la libertad en Internet, el gobierno de Felipe Calderón continuó transmitiendo su confianza en que el acuerdo sería firmado.
El 5 de octubre de 2010 el Senado de la República instó al gobierno federal a que se retirara temporalmente de las negociaciones del ACTA mientras un grupo multidisciplinario de expertos estudiaba los términos del acuerdo.
El 22 de junio de 2011, la Comisión Permanente del Congreso “exhortó” al presidente Felipe Calderón para que, “en el marco de sus atribuciones, instruya a las secretarías y dependencias involucradas en las negociaciones del ACTA, a no firmar dicho acuerdo”.
Entre otras preocupaciones, el Congreso enfatizó que “resulta peligroso que en dicho acuerdo se considere delito la transmisión por Internet de documentos, fragmentos de libros o de canciones”, con lo que “se estaría criminalizando a los usuarios de la red, para muchos de los cuales es un medio de intercambio, recreación y de aprendizaje”.
El 6 de septiembre de 2011, el pleno del Senado reiteró su negativa a que el país se adhiera al acuerdo antipiratería; y aprobó las conclusiones del Grupo Plural de Trabajo para dar Seguimiento al Proceso de Negociaciones del ACTA, que alertó sobre las amenazas que implica dicho tratado a los derechos humanos y las garantías individuales, así como al libre acceso a la información en Internet.
No obstante, el 16 de enero de 2012 –cuando la atención internacional se enfocaba en el proyecto de ley SOPA en Estados Unidos–, el Instituto Mexicano de Protección Intelectual (IMPI) –la dependencia de la Secretaría de Economía que negocia el ACTA– entregó al mencionado grupo de seguimiento en el Senado un documento con medidas alineadas al acuerdo y cuya instrumentación, señala el IMPI, le permitiría al mencionado grupo “atender su compromiso de actualizar y mejorar la legislación mexicana para la debida protección de los derechos de propiedad intelectual”.
El gobierno mexicano firmó el acuerdo una semana después de que en Europa fue rechazado porque podría atentar a la privacidad de los consumidores, las libertades y la libre información.
Respecto a la firma de ACTA por parte de México, el IMPI señaló este miércoles en un comunicado: “Con la finalidad de combatir de manera más eficiente el problema de falsificación y piratería en materia de marcas, invenciones, obras intelectuales y artísticas, México firmó el día de hoy el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) ante el Gobierno Japonés, depositario del Acuerdo”.
Y prosigue:
“Este Acuerdo, firmado por el Embajador de México en Japón, Claude Heller, establece un marco general internacional con el fin de detener el comercio ilegal de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales”.
Agrega que “México, comprometido con fortalecer su Estado de Derecho y con promover su crecimiento económico, se une a Australia, Canadá, Corea, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y la Unión Europea en la firma de este instrumento”.
“El ACTA pretende una mejor protección internacional de los derechos de propiedad intelectual de los mexicanos, atraer nuevas inversiones, asegurar las fuentes de trabajo ya existentes e incrementar la creación de empleos formales, así como fomentar la creatividad, la innovación y la competitividad de nuestras empresas”, indica el comunicado.
El IMPI destaca que el ACTA surge en momentos en que México enfrenta un grave problema de falsificación de marcas y de piratería en distintas ramas industriales, que involucra desde prendas de vestir, calzado deportivo, música y cinematografía hasta productos que atentan contra la salud y seguridad de los consumidores, tales como medicamentos, bebidas alcohólicas, tabaco y autopartes.
El organismo asegura que el ACTA no violenta los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales de los que México es parte.
Explica que el Estado deberá ceñirse además, a la legislación secundaria que el Congreso de la Unión emita en la materia, donde se reforzará la observancia y respeto irrestricto a dichos derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, el derecho a la legalidad, la privacidad de datos, el debido proceso y el acceso a la información y a la cultura.
“En este sentido, la firma del ACTA es un firme mensaje del Gobierno Federal para que se siga discutiendo con el poder legislativo la efectiva protección de las marcas, invenciones y creaciones de los mexicanos, así como la implementación del Acuerdo, asegurando que estas garantías individuales no sean, en ningún caso, vulneradas ni transgredidas”.
El comunicado del IMPI asegura que la aplicación del ACTA no generará un ambiente de vigilancia o monitoreo a las actividades que se realizan cotidianamente en plataformas como Internet, ni para revisar o incautar equipos de cómputo ni reproductores personales de audio o video.
Pirateado de
PROCESO al que pertenecen todos los derechos.
